Artículo E-boletín

Las Delegaciones Territoriales son órganos directivos periféricos a través de los cuales la Administración General de la Comunidad Autónoma se organiza territorialmente en cada una de sus provincias.

Aunque cada vez hay más concienciación en el cuidado del medio ambiente, aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a usar de forma más eficiente nuestros dispositivos tecnológicos. El objetivo es aprender a utilizar nuestros dispositivos de forma más eficiente y ecológica.

Las Diputaciones provinciales son los órganos de gobierno de las provincias y su labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia.

El Ayuntamiento es la entidad política y administrativa, a través de la cual se organiza un Municipio. Está integrado por el Alcalde y los Concejales, a los que les corresponde ejercer las labores de gobierno y dirigir la Administración.

En el pasado E-Boletín del mes de octubre, se publicó un artículo, en el cual se habla de la actualización publicada por parte del Servicio de Evaluación y Carrera Profesional de la Dirección General de la Función Pública, el pasado, 10 de septiembre, en relación a la Orden 1032/2021 del consejero de la Presidencia por la que se convoca el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional 1, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos.

La Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad es la encargada de ejercer la actividad del Estado de forma desconcentrada, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el órgano superior de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (artículo 152.1 de la Constitución Española) y de aquellas materias que exijan garantías constitucionales, competencia que corresponde al Tribunal Constitucional.

El Presidente de la Junta ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella; preside asimismo la Junta de Castilla y León, dirige sus acciones y coordina las funciones de sus miembros.

La Institución del Defensor del Pueblo, cuya función es defender los Derechos fundamentales de los ciudadanos, surge de la Constitución Española de 1978. Imitando a esta Institución, las Comunidades Autónomas han incluido en sus Estatutos una figura similar con diversas denominaciones. En nuestra Comunidad recibe el nombre de Procurador del Común de Castilla y León.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas. Es un órgano dependiente de las Cortes regionales, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.

Las Cortes de Castilla y León son el órgano legislativo de Castilla y León, regulado y constituido en el vigente Estatuto de Autonomía, y representan al pueblo de Castilla y León.

La misión de Consejo Consultivo de Castilla y León es dar a conocer a los poderes públicos y, especialmente, a los ciudadanos la actividad que desarrollan en él. De esta manera, su objetivo es velar por la legalidad de la actuación administrativa en su tarea cotidiana de prestar servicio a los castellanos y leoneses.

Las noticias falsas siempre han existido, pero con el auge de Internet y las redes sociales, se han extendido hasta convertirse en un auténtico y peligroso fenómeno. Esto se debe a que que su principal objetivo es la desinformación, lo cual puede acarrear una serie de problemas en la conducta humana. Por ello, es importante conocer los principales trucos para identificarlas y evitarlas.

Este episodio se ha realizado a partir del artículo del mismo título publicado en el E-Boletín de marzo de 2021. Autora: Sonia Bustos Arribas, jefa del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Personal Laboral de la Dirección General de la Función Pública y formadora de la ECLAP.

Un euro malgastado en burocracia es un euro que se deja de destinar a la sanidad. Es un euro menos para ayudas destinadas a servicios sociales. Un euro menos en educación o un euro menos que se deja de invertir en obras públicas e infraestructuras. Es más, desde el punto de vista de la sociedad es un euro que el empresario deja de destinar a fines productivos y que desvía a gastos administrativos a veces innecesarios. Por esta razón, la reducción de la burocracia puede ser en sí misma considerada como el cumplimiento del deber de eficiencia de toda Administración y también como un claro incentivo económico. La Unión Europea ha estimado que las empresas españolas dedican el 4,6% del PIB a gastos que satisfagan las obligaciones con la Administración. Porcentaje que se eleva al 7% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

El pasado 30 de septiembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Este Real Decreto-ley 29/2020, sigue la estela del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. En ambos casos, se regula la figura del teletrabajo, con carácter de urgencia, por la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19. El primero dirigido a regularlo en el sector privado, y el segundo en el sector público.

La entrada en vigor de determinados aspectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fue demorada hace un par de años hasta octubre de 2020, sin embargo, antes de alcanzar la fecha de vencimiento, se ha sucedido una nueva prórroga que amplía ese periodo de aplicación hasta abril de 2021.

Las administraciones públicas gestionan gran cantidad de información que además es completa, fiable y de calidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué impide que las administraciones públicas devuelvan a la ciudadanía los datos que han sido generados con sus impuestos? Pues bien, la filosofía Open Data (datos abiertos, en español) nos da la respuesta.

El desarrollo de las Tics y el fomento de soluciones que nos mantienen hiperconectados también conlleva nuevos riesgos que nacen de la facilidad con la que la información se viraliza y a la que se accede a través de motores de búsqueda, así como de la dificultad para lograr su retirada llegado el caso, derivando en una nueva forma de acoso caracterizado por su continuidad y permanencia en el tiempo. Esta violencia en línea afecta a todos los sectores de la población y puede también producirse en el entorno laboral, siendo responsabilidad del empleador, con independencia del tamaño y modelo de negocio de la empresa, combatirla para garantizar la seguridad y la salud física, psíquica y emocional de sus trabajadores.

La videoconferencia viene a contribuir a la socialización y al trato personal que tanto echamos en falta y se ha recibido como una aplicación muy útil durante el confinamiento favoreciendo el trabajo en movilidad, el ahorro de costes y los desplazamientos. Con el fin de universalizar y facilitar su uso, la Junta ha puesto en marcha la plataforma de videoconferencia JCYL Meet al alcance de todos con el objetivo de ser una herramienta segura, fácil y fiable.