Actualidad Sector Público

El Estatuto Básico del Empleado Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, configura la movilidad y la progresión en la carrera vertical como derechos de los funcionarios de carrera. Unos derechos que se materializan a través de los procesos de provisión de puestos de trabajo, siendo el concurso el procedimiento normal de provisión, conforme establece el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En anteriores podcast, hemos hablado de las dos primeras competencias digitales marcadas en la Guía de transformación digital para el Empleado Público de Castilla y León, referida a la innovación y la adaptación al cambio. De esta forma, pasamos a comentar la tercera competencia digital marcada en dicha Guía, referida a la toma de decisiones basada en datos.

En anteriores podcast, hemos hablado de la primera competencia digital marcada en la Guía de transformación digital para el Empleado Público de Castilla y León, referida a la innovación. De esta forma, pasamos a comentar la segunda competencia digital marcada en dicha Guía, referida a la adaptación al cambio.

En anteriores podcast, hemos hablado de la primera competencia digital marcada en la Guía de transformación digital para el Empleado Público de Castilla y León, referida a la innovación. De esta forma, muy ligado a la innovación, a los avances tecnológicos y al cambio continuo, cada vez más, se están imponiendo nuevas metodologías innovadoras en el diseño y gestión de proyectos y equipos, basadas en metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum, Kanban o Lean.

Las Administraciones Públicas son organizaciones vivas; de forma continuada se incorporan nuevas personas a su servicio, otras dejan de prestarlos y, en su devenir, hay continuos cambios o movimientos de sus empleados de un puesto de trabajo a otro. Esta situación cambiante exige la necesidad de realizar una gestión racional y eficiente de las personas empleadas públicas para que la Administración no pierda ese conocimiento organizacional. Es necesario hacer una correcta transferencia del conocimiento de las personas que integran la organización.

En la vida laboral actual las competencias digitales y la tecnología ya no es una materia de un departamento o de un perfil profesional concreto, ya que todas las personas, en todas las unidades administrativas, trabajan en un entorno tecnológico. Por lo tanto, la tecnología forma parte de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Toda esta evolución tecnológica se encuentra reflejada en la Guía de Transformación Digital para el empleado público diseñada por empleados públicos de la Junta de Castilla y León.

En el artículo publicado, en el E-Boletín, por Jesús Méndez Fernández, jefe de la Oficina Técnica de Calidad Normativa y Simplificación, de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, se comenta que han pasado casi 6 años desde que se aprobaron las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, sin embargo, pocas leyes han tenido una entrada en vigor tan aplazada como éstas.

En la vida laboral actual las competencias digitales y la tecnología ya no es una materia de un departamento o de un perfil profesional concreto, ya que todas las personas, en todas las unidades administrativas, trabajan en un entorno tecnológico. Por lo tanto, la tecnología forma parte de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Toda esta evolución tecnológica se encuentra reflejada en la Guía de Transformación Digital para el empleado público diseñada por empleados públicos de la Junta de Castilla y León.

En la vida laboral actual las competencias digitales y la tecnología ya no es una materia de un departamento o de un perfil profesional concreto, ya que todas las personas, en todas las unidades administrativas, trabajan en un entorno tecnológico. Por lo tanto, la tecnología forma parte de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Toda esta evolución tecnológica se encuentra reflejada en la Guía de Transformación Digital para el empleado público diseñada por empleados públicos de la Junta de Castilla y León.

Concepto de transformación digital y su implicación con el trabajo dentro de la Administraciones Públicas, desarrollado dentro de la Guía de Transformación Digital para el empleado público elaborada por empleados públicos de Castilla y León.

Breve presentación del contenido incluido en la Guía de Transformación Digital elaborada por los empleados públicos de la Junta de Castilla y León.

Se trata de una breve presentación, en palabras de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, en relación a la Guía de Transformación Digital. Un documento elaborado por y para los empleados públicos con el que se pretende fomentar el cambio e incentivar el uso de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas.

Para hablar sobre los sujetos del procedimiento administrativo debemos comenzar por exponer como consideraciones previas las siguientes: Los Sujetos del Procedimiento serán la Administración, y uno o varios sujetos, que tienen la condición de interesados.

En el marco de actuación de los empleados públicos su día a día está repleto de actos administrativos pero ¿sabemos realmente lo que significa ese término y las implicaciones que tiene? Comenzando por el concepto, el Acto Administrativo puede definirse como una Declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. Pertenece, por tanto, genéricamente, a la categoría de los actos jurídicos, que, como tantos otros, tiene su sede en la Teoría General del Derecho y no en un sector concreto del Ordenamiento jurídico. Pero se especifica por una doble circunstancia:

Dentro del marco de la función pública existe, igual que en el ámbito de la empresa privada, una normativa de comportamientos, sustentada en derechos y deberes que deben cumplir los empleados públicos. Es conocido como régimen disciplinario y supone los cimientos sobre los que debe desarrollarse la labor profesional del personal público.

La Ley 30/1992 de 26 de noviembre fue durante más de veinte años la encargada de regular el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la par que enmarcaba el sistema de responsabilidad de las propias Administraciones Públicas. Su derogación llegó en el año 2016, cuando entraron en vigor dos nuevas normas: • La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. • La Ley 40/2015, también de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Para facilitar la transición de la administración tradicional a la electrónica, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital liberó hace ya algunos años la aplicación ACCEDA, mediante la cual cualquier administración, sin importar su tamaño, puede crear su propia sede electrónica para relacionarse con la ciudadanía. ACCEDA es una plataforma modular que integra tres componentes principales: una sede-electrónica; un completo gestor para la tramitación electrónica de los expedientes que se inician en la sede; y una herramienta para su administración y configuración, que incluye un gestor de contenidos de la sede y un editor de formularios propio.

Desde hace varios años el crecimiento de la administración electrónica ha sido muy intenso y se ha visto impulsada nuevamente con las circunstancias sobrevenidas con la crisis sanitaria que nos ha enviado a todos a casa, obligándonos no solo a fomentar el teletrabajo sino también la relación electrónica con las administraciones. En esta línea, los usuarios, especialmente aquellos que han tenido que ponerse al día con los trámites digitales en muy poco tiempo, suelen compartirá las mismas dudas, por lo que en este episodio hemos recopilado las preguntas más habituales en torno a la administración electrónica para darles respuesta.

En la actual situación de emergencia sanitaria derivada de la extensión del virus COVID-19 se están desarrollando iniciativas que implican un elevado volumen de tratamientos de datos personales y, especialmente, de datos sensibles como los de salud. Esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, especialmente las sanitarias, en la lucha contra la epidemia, ya que en ella se prevén soluciones que permiten compatibilizar el uso lícito de los datos personales con las medidas necesarias para garantizar eficazmente el bien común.

En el ámbito de la accesibilidad web, todas las Administraciones Públicas tienen la obligación de cumplir con los requisitos de accesibilidad impuestos por el Real Decreto 1112/2018 de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Esto quiere decir que todas las páginas web de las administraciones públicas están obligadas a cumplir la norma UNE de "Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC”, alineada con los Criterios de Conformidad de nivel A y AA establecidas por las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web, más conocida por sus siglas inglesas WCAG.